EE.UU. emiten 30.000 órdenes secretas de vigilancia por año
Un juez federal estima que los jueces federales emiten un total de 30.000 órdenes secretas de vigilancia electrónica cada año y el número esta, probablemente, en crecimiento. A pesar de tales órdenes tienen control judicial, pocos salen de cualquier tipo de procedimiento, y aquellas personas inocentes de todo crimen es poco probable que se enteren que han sido espiados de forma electrónica.
En un nuevo artículo, denominado "Sellado, amordazado, y entregado" [PDF], el juez federal Stephen Smith explica que por ejemplo, cuando la policía ejecuta una orden de búsqueda tradicional, por lo general traen consigo una copia de esa orden y la muestran al el dueño de casa. Ese no es siempre el caso, por supuesto, a veces las órdenes permanecen secretas mientras el caso está en curso a fin de no alertar a los sospechosos.
Sin embargo, cuando la vigilancia entra en el ámbito digital, el secreto se convierte en la norma. Las solicitudes de acceso a tu correo electrónico almacenado en una cuenta en línea, la intervención de tu linea telefónica, tu conexión a Internet o un seguimiento de tu teléfono celular, se realiza en expedientes secretos que ni siquiera aparecen en el sistema oficial de PACER del gobierno federal.
La mayor parte de esta vigilancia se rige por la Electronic Communications Privacy Act (ECPA) de 1986, una ley tan necesitada de una reforma que los defensores de los derechos digitales y las empresas por igual la han convertido en una prioridad legislativa clave. ECPA ofrece una serie de herramientas para mantener búsquedas secretas de forma que se evita de manera efectiva el examen de apelación, por lo que es difícil saber si están siendo debidamente expedidas.
Las órdenes de vigilancia ECPA se desvanecen en un vacío legal, es como si estuvieran escritas en tinta invisible para las compañías telefónicas y proveedores de servicios de Internet que las ejecutan, sin embargo, imperceptible para los objetivos inocentes, el público en general, e incluso otras ramas del gobierno, sobre todo el Congreso y los tribunales de apelación.
El juez Smith se dispuso a averiguar la cantidad de ordenes ECPA de vigilancia que existen en los EE.UU.. Las cifras exactas son imposibles de conseguir, incluso para uno de los jueces que intervienen en la emisión de dichas órdenes, pero Smith combina una encuesta del gobierno anterior con los datos de agenda de su propia corte para producir lo que suena como una estimación razonable.
Su estimación concluye que 50.000 órdenes selladas fueron generadas por los jueces federales en 2006, año en que el juez analiza. El 60 por ciento de ellas están relacionadas con órdenes de vigilancia, el juez Smith concluye que los jueces magistrados han emitido más de 30.000 órdenes secretas de vigilancia electrónica ese año. Para poner esto en contexto, este volumen de casos de espionaje es mayor que el total combinado anual de todos los casos de discriminación laboral, medio ambiente, derechos de autor, patentes, marcas registradas, y casos de valores presentado en una corte federal.
Smith no está pidiendo la abolición de la vigilancia, ya que la perfecta transparencia en las investigaciones penales no es ni práctico ni deseable, pero el sistema actual ECPA de amordazado y sellado es sin duda una exageración. Si el diagnóstico es correcto, entonces la cura es relativamente sencilla: abrir las arterias de la información. Una mayor transparencia permitiría una supervisión significativa no sólo por los tribunales de apelación, sino también por el Congreso y el público en general.
Una manera simple de hacer esto sería abrir órdenes selladas de forma automática después de cierto período de tiempo. Por el momento, la mayoría de las órdenes de registro se sellan de forma indefinida, sólo se desprecintadan si un fiscal o un investigador se molesta en volver a la justicia y plantear la cuestión.
Los jueces magistrados emitieron 3,886 órdenes selladas de vigilancia electrónica, entre 1995 y 2007. En 2008, el 99,8 por ciento de ellas aún estaban selladas.
Eso es una mala noticia para aquellos que nunca han sido acusados de un delito, ya que probablemente nunca se enteraran de que eran un objetivo de la vigilancia del gobierno. Y esa cifra no es trivial, dado que las estimaciones de Smith, basadas en datos publicados por el Departamento de Justicia, permiten inferir que muchos más ciudadanos respetuosos de la ley que delincuentes han sido espiados.
La situación, dice Smith, es mala para la democracia y para un sistema judicial transparente. La fijación corresponderá al Congreso, que tiene que decidir dónde trazar la línea entre la intimidad personal y las necesidades de aplicación de la ley.
Fuente: Techmez
En un nuevo artículo, denominado "Sellado, amordazado, y entregado" [PDF], el juez federal Stephen Smith explica que por ejemplo, cuando la policía ejecuta una orden de búsqueda tradicional, por lo general traen consigo una copia de esa orden y la muestran al el dueño de casa. Ese no es siempre el caso, por supuesto, a veces las órdenes permanecen secretas mientras el caso está en curso a fin de no alertar a los sospechosos.
Sin embargo, cuando la vigilancia entra en el ámbito digital, el secreto se convierte en la norma. Las solicitudes de acceso a tu correo electrónico almacenado en una cuenta en línea, la intervención de tu linea telefónica, tu conexión a Internet o un seguimiento de tu teléfono celular, se realiza en expedientes secretos que ni siquiera aparecen en el sistema oficial de PACER del gobierno federal.
La mayor parte de esta vigilancia se rige por la Electronic Communications Privacy Act (ECPA) de 1986, una ley tan necesitada de una reforma que los defensores de los derechos digitales y las empresas por igual la han convertido en una prioridad legislativa clave. ECPA ofrece una serie de herramientas para mantener búsquedas secretas de forma que se evita de manera efectiva el examen de apelación, por lo que es difícil saber si están siendo debidamente expedidas.
Las órdenes de vigilancia ECPA se desvanecen en un vacío legal, es como si estuvieran escritas en tinta invisible para las compañías telefónicas y proveedores de servicios de Internet que las ejecutan, sin embargo, imperceptible para los objetivos inocentes, el público en general, e incluso otras ramas del gobierno, sobre todo el Congreso y los tribunales de apelación.
El juez Smith se dispuso a averiguar la cantidad de ordenes ECPA de vigilancia que existen en los EE.UU.. Las cifras exactas son imposibles de conseguir, incluso para uno de los jueces que intervienen en la emisión de dichas órdenes, pero Smith combina una encuesta del gobierno anterior con los datos de agenda de su propia corte para producir lo que suena como una estimación razonable.
Su estimación concluye que 50.000 órdenes selladas fueron generadas por los jueces federales en 2006, año en que el juez analiza. El 60 por ciento de ellas están relacionadas con órdenes de vigilancia, el juez Smith concluye que los jueces magistrados han emitido más de 30.000 órdenes secretas de vigilancia electrónica ese año. Para poner esto en contexto, este volumen de casos de espionaje es mayor que el total combinado anual de todos los casos de discriminación laboral, medio ambiente, derechos de autor, patentes, marcas registradas, y casos de valores presentado en una corte federal.
Smith no está pidiendo la abolición de la vigilancia, ya que la perfecta transparencia en las investigaciones penales no es ni práctico ni deseable, pero el sistema actual ECPA de amordazado y sellado es sin duda una exageración. Si el diagnóstico es correcto, entonces la cura es relativamente sencilla: abrir las arterias de la información. Una mayor transparencia permitiría una supervisión significativa no sólo por los tribunales de apelación, sino también por el Congreso y el público en general.
Una manera simple de hacer esto sería abrir órdenes selladas de forma automática después de cierto período de tiempo. Por el momento, la mayoría de las órdenes de registro se sellan de forma indefinida, sólo se desprecintadan si un fiscal o un investigador se molesta en volver a la justicia y plantear la cuestión.
Los jueces magistrados emitieron 3,886 órdenes selladas de vigilancia electrónica, entre 1995 y 2007. En 2008, el 99,8 por ciento de ellas aún estaban selladas.
Eso es una mala noticia para aquellos que nunca han sido acusados de un delito, ya que probablemente nunca se enteraran de que eran un objetivo de la vigilancia del gobierno. Y esa cifra no es trivial, dado que las estimaciones de Smith, basadas en datos publicados por el Departamento de Justicia, permiten inferir que muchos más ciudadanos respetuosos de la ley que delincuentes han sido espiados.
La situación, dice Smith, es mala para la democracia y para un sistema judicial transparente. La fijación corresponderá al Congreso, que tiene que decidir dónde trazar la línea entre la intimidad personal y las necesidades de aplicación de la ley.
Fuente: Techmez
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