Argentina: Otro paso para la ley de acceso a la información
La Cámara de Diputados dio ayer un paso importante para la aprobación de una ley de acceso a la información pública, una norma que tiene como finalidad facilitar la obtención por parte de los ciudadanos de los datos en poder del Estado. En una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto, la mayor parte de la oposición logró emitir un dictamen de mayoría, que habilita el tratamiento del tema en el recinto.
El libre acceso a la información pública es un derecho constitucional vinculado con la libertad de expresión, reconocido por varios tratados internacionales. Hoy sólo está regulado exclusivamente para el ámbito del Poder Ejecutivo, por un decreto dictado por Néstor Kirchner en 2003. La última vez que el asunto se debatió en el Congreso fue en 2004. Dos años más tarde, el proyecto que había sido aprobado en la Cámara de Diputados perdió estado parlamentario. Fue después de que, a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado introdujo cambios inaceptables para los promotores de la idea original.
Si la iniciativa se convirtiera en ley, la norma alcanzará, además de a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a los órganos creados por la Constitución, a empresas y sociedades del Estado, a asociaciones empresariales y sindicales que reciban fondos públicos y a fideicomisos formados con recursos estatales.
La necesidad de sancionar una ley de acceso es uno de los pocos temas que generan consenso. "En materia de transparencia es un avance significativo y en términos políticos el consenso entre el oficialismo y la oposición es un avance para la democracia", dijo Laura Alonso (Pro), que trabajó en la redacción del dictamen junto con Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Graciela Camaño (Bloque Peronista).
Pero el debate no estuvo exento de diferencias. El dictamen de mayoría, elaborado por la UCR, el Peronismo Federal, Pro y el Bloque Peronista, fue acompañado por el socialismo, GEN y Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, un habitual aliado del oficialismo. Pero estos últimos tres bloques firmaron "en disidencia parcial", por diferencias en algunos artículos. Mayor fue la discrepancia de la Coalición Cívica, que aunque trabajó en el dictamen de mayoría, decidió a último momento presentar una versión propia. Lo mismo hizo el bloque kirchnerista, con dos dictámenes de minoría.
Fuente: La Nación
El libre acceso a la información pública es un derecho constitucional vinculado con la libertad de expresión, reconocido por varios tratados internacionales. Hoy sólo está regulado exclusivamente para el ámbito del Poder Ejecutivo, por un decreto dictado por Néstor Kirchner en 2003. La última vez que el asunto se debatió en el Congreso fue en 2004. Dos años más tarde, el proyecto que había sido aprobado en la Cámara de Diputados perdió estado parlamentario. Fue después de que, a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado introdujo cambios inaceptables para los promotores de la idea original.
Si la iniciativa se convirtiera en ley, la norma alcanzará, además de a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a los órganos creados por la Constitución, a empresas y sociedades del Estado, a asociaciones empresariales y sindicales que reciban fondos públicos y a fideicomisos formados con recursos estatales.
La necesidad de sancionar una ley de acceso es uno de los pocos temas que generan consenso. "En materia de transparencia es un avance significativo y en términos políticos el consenso entre el oficialismo y la oposición es un avance para la democracia", dijo Laura Alonso (Pro), que trabajó en la redacción del dictamen junto con Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Graciela Camaño (Bloque Peronista).
Pero el debate no estuvo exento de diferencias. El dictamen de mayoría, elaborado por la UCR, el Peronismo Federal, Pro y el Bloque Peronista, fue acompañado por el socialismo, GEN y Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, un habitual aliado del oficialismo. Pero estos últimos tres bloques firmaron "en disidencia parcial", por diferencias en algunos artículos. Mayor fue la discrepancia de la Coalición Cívica, que aunque trabajó en el dictamen de mayoría, decidió a último momento presentar una versión propia. Lo mismo hizo el bloque kirchnerista, con dos dictámenes de minoría.
Fuente: La Nación
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