Buenos Aires: piden que las empresas informen las adicciones del personal
Por un decreto del Gobierno porteño los empleadores deberán dar esos datos. Pero los especialistas dicen que se viola la intimidad de las personas y eso es inconstitucional.
El Gobierno porteño sacó un insólito decreto, que obliga a las empresas privadas radicadas en la Ciudad a darle información sobre las adicciones de sus trabajadores, entre otros datos personales. La norma, que crea el "Registro de Empleadores On Line", fue cuestionada por especialistas y la oposición, que afirman que viola el derecho constitucional a la intimidad. Desde la Subsecretaría de Trabajo afirmaron que no se individualizará a los empleados y que los datos se usarán para orientar políticas públicas. También explicaron que de ninguna manera están pidiendo que las empresas interroguen a su personal, sino que brinden la información con la que, según suponen, ya cuentan los departamentos de Recursos Humanos.
El decreto cuestionado es el 625/09 y fue publicado en el Boletín Oficial el miércoles. Entre otras cosas, ordena que las empresas completen la información pedida por el Registro correspondiente al año calendario anterior entre el 1° de enero y el 31 de marzo de cada año. Por esta vez, pide que los datos del ejercicio fiscal 2008 sean ingresados entre el 1° de agosto y el 30 de septiembre.
En forma obligatoria, los empresarios deberán informar sobre sexo, edad, nacionalidad y nivel de instrucción de los trabajadores, si hablan idiomas, cuántos hijos tienen y cuál es su modalidad contractual, entre otras cuestiones. Pero el ítem de la discordia, y que ya desató objeciones de constitucionalistas (ver "El decreto..."), es el que solicita a los empleadores que consignen cuántos de sus trabajadores sufren de: "tabaquismo, alcoholismo, drogadependencia, ludopatía u otros".
"No se vulnera el derecho a la intimidad, porque los empleados no son individualizados -defendió el subsecretario de Trabajo porteño, Jorge Ginzo-. Sólo queda identificado el empleador. Los otros datos se piden con fines estadísticos, para orientar políticas públicas". También explicó que este punto se incluyó porque la subsecretaría de Trabajo "brinda un programa de difusión de las medidas de prevención y tratamiento de las adicciones en el mundo del trabajo".
"Esto no habilita a las empresas a encuestar a sus trabajadores -aclaró Ginzo-. Sólo pedimos que den la información con la que ya cuentan las áreas de recursos humanos en los legajos de la gente. Por ejemplo, los ludópatas suelen pedir adelantos de sueldo o sufrir embargos. Y muchas veces el propio adicto pide licencias para someterse a un tratamiento. Si la empresa no tiene datos al respecto, en ese punto pondrá cero".
Según el funcionario, el Registro va a ser un censo del mercado formal de trabajo. Los empleadores también deberán informar sobre sus acciones proyectadas en materia de capacitación, incorporación o despidos de personal.
La oposición salió a criticar con fuerza el decreto. "Atenta contra las libertades individuales, porque pregunta sobre temas que hacen a la vida privada de una persona y no a su desempeño laboral -bramó Diego Kravetz, jefe de la bancada kirchnerista de la Legislatura porteña-. Para combatir las adicciones hay que implementar políticas públicas de prevención, no de persecución. Porque si un empleador se entera de que un trabajador tiene una adicción, es muy probable que ésto condicione la situación laboral de éste. Y si esos datos existiesen, son confidenciales entre empleador y empleado".
Alejandro Rabinovich (Autonomía con Igualdad), opinó: "Esta herramienta debería utilizarse para fiscalizar que se cumplan los contratos de trabajo y los convenios colectivos, pero no existe motivo para que se solicite información sobre lo que hace un trabajador fuera de su horario laboral".
Es evidente que quienes redactaron esta norma desconocen que en la Ciudad de Buenos Aires rige la Ley 1845 de Protección de Datos Personales y su Decreto Reglamentario, ya que ni la mencionan en el Decreto.
Fuente: Clarin e Infobae Profesional
El Gobierno porteño sacó un insólito decreto, que obliga a las empresas privadas radicadas en la Ciudad a darle información sobre las adicciones de sus trabajadores, entre otros datos personales. La norma, que crea el "Registro de Empleadores On Line", fue cuestionada por especialistas y la oposición, que afirman que viola el derecho constitucional a la intimidad. Desde la Subsecretaría de Trabajo afirmaron que no se individualizará a los empleados y que los datos se usarán para orientar políticas públicas. También explicaron que de ninguna manera están pidiendo que las empresas interroguen a su personal, sino que brinden la información con la que, según suponen, ya cuentan los departamentos de Recursos Humanos.
El decreto cuestionado es el 625/09 y fue publicado en el Boletín Oficial el miércoles. Entre otras cosas, ordena que las empresas completen la información pedida por el Registro correspondiente al año calendario anterior entre el 1° de enero y el 31 de marzo de cada año. Por esta vez, pide que los datos del ejercicio fiscal 2008 sean ingresados entre el 1° de agosto y el 30 de septiembre.
En forma obligatoria, los empresarios deberán informar sobre sexo, edad, nacionalidad y nivel de instrucción de los trabajadores, si hablan idiomas, cuántos hijos tienen y cuál es su modalidad contractual, entre otras cuestiones. Pero el ítem de la discordia, y que ya desató objeciones de constitucionalistas (ver "El decreto..."), es el que solicita a los empleadores que consignen cuántos de sus trabajadores sufren de: "tabaquismo, alcoholismo, drogadependencia, ludopatía u otros".
"No se vulnera el derecho a la intimidad, porque los empleados no son individualizados -defendió el subsecretario de Trabajo porteño, Jorge Ginzo-. Sólo queda identificado el empleador. Los otros datos se piden con fines estadísticos, para orientar políticas públicas". También explicó que este punto se incluyó porque la subsecretaría de Trabajo "brinda un programa de difusión de las medidas de prevención y tratamiento de las adicciones en el mundo del trabajo".
"Esto no habilita a las empresas a encuestar a sus trabajadores -aclaró Ginzo-. Sólo pedimos que den la información con la que ya cuentan las áreas de recursos humanos en los legajos de la gente. Por ejemplo, los ludópatas suelen pedir adelantos de sueldo o sufrir embargos. Y muchas veces el propio adicto pide licencias para someterse a un tratamiento. Si la empresa no tiene datos al respecto, en ese punto pondrá cero".
Según el funcionario, el Registro va a ser un censo del mercado formal de trabajo. Los empleadores también deberán informar sobre sus acciones proyectadas en materia de capacitación, incorporación o despidos de personal.
La oposición salió a criticar con fuerza el decreto. "Atenta contra las libertades individuales, porque pregunta sobre temas que hacen a la vida privada de una persona y no a su desempeño laboral -bramó Diego Kravetz, jefe de la bancada kirchnerista de la Legislatura porteña-. Para combatir las adicciones hay que implementar políticas públicas de prevención, no de persecución. Porque si un empleador se entera de que un trabajador tiene una adicción, es muy probable que ésto condicione la situación laboral de éste. Y si esos datos existiesen, son confidenciales entre empleador y empleado".
Alejandro Rabinovich (Autonomía con Igualdad), opinó: "Esta herramienta debería utilizarse para fiscalizar que se cumplan los contratos de trabajo y los convenios colectivos, pero no existe motivo para que se solicite información sobre lo que hace un trabajador fuera de su horario laboral".
Es evidente que quienes redactaron esta norma desconocen que en la Ciudad de Buenos Aires rige la Ley 1845 de Protección de Datos Personales y su Decreto Reglamentario, ya que ni la mencionan en el Decreto.
Fuente: Clarin e Infobae Profesional
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