El Ministerio de Justicia argentino habría delegado la seguridad informática
Mediante contratación directa, el Ministerio de Justicia habría decidido delegar en una empresa privada la administración de la seguridad informática de todos sus sistemas, según informó el programa radial Puerto de Enlace en su emisión del lunes 13. Tal medida pone de relieve la falta de sentido del valor de la función pública que ostentan algunos funcionarios que pretenden trasladar la lógica de la actividad privada, con la consecuente pérdida de noción del valor de la información pública.
Por Italo Daffra
Probablemente, para muchos funcionarios públicas y políticos, la seguridad informática resulte un tema atractivo para incluir en su agenda. Aquél que pronuncie esas dos palabras unidas podrá postularse para recibir un laurel en innovación. Sin embargo, por más trascendente que suene para la agenda, a la hora de poner la firma los funcionarios optan por seguir normas propias del mundo privado, donde sin lugar a dudas dan muy buen resultado. El problema, es que se olvidan que no están en una empresa o corporación, sino en la función pública.
Quien considere que la forma en que el Estado debe modernizarse es copiando el modelo de la actividad privada, incurrirá en un grave error de concepto, que por su propia naturaleza anula todo rasgo de “público” en su gestión.
Algo similar es lo que habrían decidido en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, al contratar a la prestigiosa PriceWaterHouseCoopers, empresa comprada por IBM, para que maneje la seguridad informática de sus sistemas. La noticia fue realzada en el programa Puerto de Enlace, que se emite por Radio Palermo los lunes de 19 a 20. En el programa –al que fue invitado este columnista-, su conductor Rodolfo Rapetti señaló que “en todas las empresas privadas es razonable analizar la tercerización a partir de la relación costo-beneficio, porque el tema central en una empresa es hacer dinero. Pero en el Estado no. Sí debe tener criterios de eficiencia, de seriedad, de relación con la ciudadanía, de no corrupción, pero se evalúan de otra manera. El Ministerio de Justicia maneja datos sensibles, y debe protegerlos directamente”.
Según circulaba en el Ministerio, la contratación se habría realizado a partir de uno de los entes cooperativos que administran determinadas áreas, supuestamente era el ente relacionado con el Registro de la Propiedad Automotor. “Aparentemente, hace dos semanas, PriceWaterHouseCoopers solicitó al Ministerio copia de toda la información que está en los servidores del Ministerio de Justicia”, agrego Rapetti.
La decisión de delegar la responsabilidad de la seguridad informática en una empresa privada aparentemente provino de la Subsecretaría de Coordinación e Innovación, a cargo de la doctora Norma Vicente Soutullo, mediante contratación directa.
Por la urgencia entre el estado público del tema y el cierre de Relecturas, este columnista no tuvo tiempo para comunicarse con los voceros del Ministerio y de la empresa, para conocer sus posturas y ratificar la información. Pero el espacio para ambas versiones está abierto en la próxima edición.
Las conclusiones del tema están abiertas, y sin dudas habrá quienes suscriban la contratación de empresas privadas para administrar lugares sensibles en el manejo de la información del Estado. De hecho, en el sitio global de PWC hay un documento que postula: “Cities of the future: global competition, local leadership” (“Ciudades del futuro: competición global, liderazgo local”). En la lógica del lucro de la cual hablaba Rapetti, la apuesta de PWC no merece objetarse. Más bien es necesario apuntar las miradas y las preguntas hacia la función pública, donde parece faltar no sólo el criterio de lo que implica la gestión, sino el dominio mínimo de los recursos informáticos, la noción si se quiere de los temas para comprender de qué se está hablando.
¿Cómo venía manejando hasta ahora el Ministerio la seguridad informática? ¿No estaba bien resuelto con recursos propios? ¿Porqué no se siguió con la misma modalidad? ¿O acaso no había prevenciones y se mantenía la información desprotegida?
Muchas preguntas, y por ahora ninguna respuesta.
Fuente: http://www.relecturas.com.ar/index.php?seccion=newsletter.editorial.php&subseccion=newsletter.notas_colderecha.php&code=218
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Por Italo Daffra
Probablemente, para muchos funcionarios públicas y políticos, la seguridad informática resulte un tema atractivo para incluir en su agenda. Aquél que pronuncie esas dos palabras unidas podrá postularse para recibir un laurel en innovación. Sin embargo, por más trascendente que suene para la agenda, a la hora de poner la firma los funcionarios optan por seguir normas propias del mundo privado, donde sin lugar a dudas dan muy buen resultado. El problema, es que se olvidan que no están en una empresa o corporación, sino en la función pública.
Quien considere que la forma en que el Estado debe modernizarse es copiando el modelo de la actividad privada, incurrirá en un grave error de concepto, que por su propia naturaleza anula todo rasgo de “público” en su gestión.
Algo similar es lo que habrían decidido en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, al contratar a la prestigiosa PriceWaterHouseCoopers, empresa comprada por IBM, para que maneje la seguridad informática de sus sistemas. La noticia fue realzada en el programa Puerto de Enlace, que se emite por Radio Palermo los lunes de 19 a 20. En el programa –al que fue invitado este columnista-, su conductor Rodolfo Rapetti señaló que “en todas las empresas privadas es razonable analizar la tercerización a partir de la relación costo-beneficio, porque el tema central en una empresa es hacer dinero. Pero en el Estado no. Sí debe tener criterios de eficiencia, de seriedad, de relación con la ciudadanía, de no corrupción, pero se evalúan de otra manera. El Ministerio de Justicia maneja datos sensibles, y debe protegerlos directamente”.
Según circulaba en el Ministerio, la contratación se habría realizado a partir de uno de los entes cooperativos que administran determinadas áreas, supuestamente era el ente relacionado con el Registro de la Propiedad Automotor. “Aparentemente, hace dos semanas, PriceWaterHouseCoopers solicitó al Ministerio copia de toda la información que está en los servidores del Ministerio de Justicia”, agrego Rapetti.
La decisión de delegar la responsabilidad de la seguridad informática en una empresa privada aparentemente provino de la Subsecretaría de Coordinación e Innovación, a cargo de la doctora Norma Vicente Soutullo, mediante contratación directa.
Por la urgencia entre el estado público del tema y el cierre de Relecturas, este columnista no tuvo tiempo para comunicarse con los voceros del Ministerio y de la empresa, para conocer sus posturas y ratificar la información. Pero el espacio para ambas versiones está abierto en la próxima edición.
Las conclusiones del tema están abiertas, y sin dudas habrá quienes suscriban la contratación de empresas privadas para administrar lugares sensibles en el manejo de la información del Estado. De hecho, en el sitio global de PWC hay un documento que postula: “Cities of the future: global competition, local leadership” (“Ciudades del futuro: competición global, liderazgo local”). En la lógica del lucro de la cual hablaba Rapetti, la apuesta de PWC no merece objetarse. Más bien es necesario apuntar las miradas y las preguntas hacia la función pública, donde parece faltar no sólo el criterio de lo que implica la gestión, sino el dominio mínimo de los recursos informáticos, la noción si se quiere de los temas para comprender de qué se está hablando.
¿Cómo venía manejando hasta ahora el Ministerio la seguridad informática? ¿No estaba bien resuelto con recursos propios? ¿Porqué no se siguió con la misma modalidad? ¿O acaso no había prevenciones y se mantenía la información desprotegida?
Muchas preguntas, y por ahora ninguna respuesta.
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