Argentina: Usaron la información de la tarjeta SUBE como una prueba judicial
Por: Franco Varise
Para algunos, es una herramienta valiosa contra la
inseguridad. Para otros, la evidencia de que vivimos en la era de Gran
Hermano y que a cada paso que damos dejamos detrás una huella digital
inapelable.
En un reflejo de este debate, por primera vez la Cámara
del Crimen tomó la información registrada en la tarjeta SUBE como
prueba para el procesamiento de un hombre acusado de robar un teléfono
celular en un colectivo. La noticia puede ser positiva, pero encierra
interrogantes que trascienden el caso. ¿Hasta dónde llega el derecho del
Estado a registrar los movimientos de los ciudadanos? ¿Qué otras
tecnologías de uso cotidiano conservan información que sólo debería
pertenecer a la esfera privada?
"Cuando se impulsó la SUBE advertimos mucho sobre el
hecho de que no es anónima y que los datos están ligados a una persona,
de la que puede reconstruirse un patrón de movimiento. Cada vez que
alguien toma un colectivo, un subte o un tren queda registrado y esa
información puede cruzarse con otra . Están armando un sistema de
vigilancia", dijo a LA NACION Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía
Libre, que trabaja en la denuncia y preservación de los derechos civiles
en ámbitos en los que intervienen las nuevas tecnologías.
Para Busaniche, la polémica sobre el uso de la
información sobre la tarjeta SUBE habría que analizarlo en un contexto
singular. "Este Estado es bastante invasivo en muchos aspectos, y ahora
posee la información acerca de cómo se mueven las personas. Esto les
posibilita desarrollar un panóptico general de la sociedad."Cuando el
Gobierno anunció la tarjeta SUBE, hace casi un año, las largas filas de
personas que entregaban sus datos para obtener el plástico monopolizaron
la atención.
También emergió la discusión sobre el manejo de los subsidios
que otorgó el Estado a las empresas concesionarias del entramado de
medios de transporte. La discusión sobre la gigantesca base de datos que
significaba quedó eclipsada.
El Gobierno argumentó que la nominalidad de las
tarjetas (un factor casi único en el mundo) les permitiría producir
mejor los subsidios de acuerdo con quienes lo necesitaran realmente y
que permitiría a quienes tomaran el transporte público eventualmente
rendir esos viajes en sus trabajos. Pero detrás de todo esto subyacen
las dudas acerca de quién tiene acceso a esos datos, para qué pueden
utilizarse y cómo funciona el control interno de esa información.
"La privacidad es un derecho protegido por la
Constitución Nacional y es bastante problemático un sistema que asocia
los datos a un DNI: eso vincula la tarjeta a una persona y provee datos
muy importantes, como el transporte que usamos, lo cual permite armar un
perfil de las personas", expresó Ramiro Álvarez Ugarte, director del
Área de Acceso a la Información de la Asociación por los Derechos
Civiles (ADC). "Lo peor es que por algún tiempo cualquier persona podía
acceder a la base de datos SUBE de una persona a través de Internet con
sólo introducir el número del plástico", añadió Álvarez Ugarte. "El
Gobierno esgrimió razones lógicas, pero más allá de eso debería dar
mayores argumentos", dijo.
En realidad, resulta bastante habitual que todos
proporcionemos sin percatarnos datos personales que formarán parte de
muchas bases de datos. Las tarjetas de descuento de los supermercados,
las de crédito y otros beneficios son parte del mismo proceso. Incluso
cuando alguien es fotografiado al ingresar a un edificio consiente un
dato que, según la ley 23.326 de protección de datos personales, debería
borrarse de los registros una vez que la persona abandona el sitio
(algo incomprobable en la mayoría de los casos).
A poco de lanzar la SUBE, el grupo de hackers
informáticos Anonymous publicó una lista de personas con los recorridos
que realizaban a diario para demostrar las falencias del sistema. La
Secretaría de Transporte, a cargo de Florencio Randazzo, tomó cartas en
el asunto y suprimió, entonces, el acceso irrestricto a la base de datos
del boleto electrónico, a la vez que suspendió por irregularidades a la empresa inglesa encargada de controlar el sistema del boleto electrónico tras una investigación periodística de LA NACION.
"La ley de protección de datos no se cumple tanto a nivel estatal como
privado. Pero si el Estado es el garante último del cumplimiento y no lo
hace, ¿qué se puede pedir al sector privado? Nuestra normativa, que es
muy buena, exige que cuando alguien arma una base de datos el dueño de
esa información sigue siendo el titular, y quienes administran esos
datos deben informar para qué los emplearán y, en todo caso, no deben
conservarse para siempre", expresó Busaniche.
La causa judicial del comienzo de esta nota muestra (de
manera positiva) el poder de la información que encierra la tarjeta
SUBE. La Sala IV de la Cámara del Crimen imputó a Maximiliano Gastón
Portalea, acusado de haberle sustraído el celular a Antonella Leonor
Mariel de Rosa, con quien viajaba en un interno de la línea de
colectivos 111. Portalea, que fue detenido poco después del robo en la
vía pública, negó haber viajado en ese vehículo. Pero la información
obtenida a partir de la tarjeta SUBE lo terminó de incriminar porque los
jueces confirmaron que había adquirido un pasaje de esa línea poco
antes de ocurrido el hecho.
"Una cosa es la protección de datos a nivel digital,
pero esto es como encontrarle el boleto físico o el antiguo de papel; no
veo que exista una violación a la privacidad", dijo a LA NACION el
fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal y miembro de la Comisión Técnica
Asesora en Materia de Cibercrimen.
"Algunos pensamos que esta base de datos podría ser mal
utilizada, pero, hasta ahora, no creo que haya sido así. Además, un
supermercado tiene hoy más datos que el registro nacional de las
personas", expresó. Según el fiscal, una cuestión central en estas
políticas de seguridad de los datos personales es que el usuario debe
estar perfectamente notificado de que esos registros existen, es decir,
de que quedarán registrados sus movimientos.
"Vamos a un ejemplo muy concreto: si una persona hace
los mismos viajes todos los días, pero una vez a la semana hace una
visita cuyo conocimiento por otros le sería inconveniente debe saber que
la información queda registrada; entonces en ese caso debería poder
decidir libremente si para ese viaje paga en efectivo, camina... o toma
un taxi", dijo. Aquella idea de la vigilancia, tan abordada por la
literatura y el cine, ya no debería tomarse como parte de la ficción
Contenido completo en: La Nación
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por dejar un comentario en Segu-Info.
Gracias por comentar!