Las cinco leyes que espera la comunidad informática argentina en 2012

En el año 2011 la República Argentina fue testigo de distintos casos, hechos y situaciones que se han manifestado en la sociedad de la información local y que reclaman soluciones legislativas concretas ante un derecho que llega tarde.

Las razones para legislar son muy sencillas: (1) Necesitamos proteger a nuestros hijos y a los adolescentes en particular con normas claras en materia penal y civil y (2) dar señales y soluciones sensatas a los actores del negocio de la red, en todas sus variantes, que mueve millones de dólares diarios y contrata miles de puestos de trabajo en nuestro país.

A continuación las 5 leyes que espera la comunidad informática argentina en 2012:

1.- El Senado de la Nación aprobó el 2 de noviembre de 2011 un proyecto de ley que incorpora al Código Penal el delito de "grooming" que consiste en la utilización de medios informáticos para tomar contacto con un menor de edad, creando un ámbito de confianza, que tiene por objeto alguna acción de pedofilia (como un abuso sexual o la violación).

La senadora Sonia Escudero presentó el dictamen en su calidad de presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. El proyecto aprobado tiene como antecedentes los proyectos presentados por la senadora del Frente para la Victoria (FPV) María José Bongiorno y los senadores María Higonet y Carlos Verna.


Los expertos convocados al debate (el que escribe este artículo; el fiscal general Dr. Ricardo Saenz y el Dr. Daniel Monastersky, abogado especialista en nuevas tecnologías) coincidimos en la necesidad de actualizar en forma integral la última reforma del Código Penal con una descripción de casos concretos de grooming y otras situaciones vinculadas tanto a nivel nacional como internacional.

En conclusión se espera que la Cámara de Diputados convierta en ley el proyecto en cuestión y que se debatan en forma integral otros delitos informáticos no incorporados al Código Penal como el sexting o figuras similares que ponen en juego la integridad sexual y psicológica de los menores.

2.- La usurpación de identidad on line es moneda corriente. La creación de perfiles falsos en Facebook u otras redes sociales para ejecutar acciones de defraudación bancaria o pedofilia se replica en Internet. Muchos "famosos" como Luciana Lopilato o Marcelo Tinelli en Argentina o George Clooney y Lady Gaga en los EE.UU. son usurpados en su identidad digital para cometer delitos.

Es necesario poner coto a este tipo de acciones que ponen en peligro el patrimonio individual y la integridad de los menores con una adecuada legislación a medida.

3.- El ciberacoso escolar o ciberbullyng es otra problemática que se expande en la Argentina como reguero de pólvora y requiere de una modificación legal. Recientemente Chile ha incorporado esta figura a su ley de educación superior y otros países de la región lo están debatiendo. Estados Unidos y Europa han superado la cuestión en materia legislativa. Nuestro país necesita su debate y prevención legal.

4.- Los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) y en especial los buscadores de Internet y las redes sociales requieren de soluciones concretas y señales claras, con tratamiento legislativo.

Por ejemplo Facebook (radicado en Argentina en octubre de 2011) tiene más de 850 millones de habitantes (usuarios) y se consolida como el tercer país del mundo luego de China y la India. Su valuación patrimonial es incalculable y ha prometido que en el 2012 saldrá a cotizar en el Nasdaq.

La privacidad a través de esta red social tiene sus cuestionamientos como el uso indebido de imágenes personales o los "etiquetamientos" y el concepto de intimidad digital está en crisis. Los casos de Juana Viale, Silvina Luna y Silvina Escudero, que se exteriorizaron en el 2011, dan cuenta de ello. Pero las normas siguen siendo las mismas.

Nuestro país espera respuestas legales que eviten recargar a nuestros tribunales con expedientes que guardan idéntica línea de discusión.

5.- Los derechos de autor en Internet están en plena crisis. Los casos "Cuevana y Taringa" que explotaron en la comunidad de la propiedad intelectual local dan cuenta de ello. Pero el fenómeno es global. La cuestionada ley SINDE en España y los proyectos de ley SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect IP Act) que se debaten en los Estados Unidos generan ardientes disputas entre los defensores de la libertad de expresión e intercambio de contenidos on line y aquellos que defienden los derechos de autor. Nuestra ley de propiedad intelectual data del año 1933 y requiere ajustes y actualizaciones. El Congreso Nacional también deberá tomar cartas en el asunto.

Estas dos últimas problemáticas están directamente vinculadas a una (no menos importante) que se conoce como "neutralidad en Internet" que como principio propone dar a todos los datos que circulan por la Red un tratamiento igual, independientemente de su contenido u origen, garantizando a los consumidores-usuarios el ejercicio de su derecho de libre acceso a la información y a los diversos servicios que ofrece la industria de la web y de las telecomunicaciones.

La neutralidad pretende evitar que se distorsionen las condiciones de acceso a la información; asegura que los usuarios puedan acceder de igual manera a cualquier contenido desde cualquier dispositivo o aplicativo sin privilegiar a un tipo de dato o contenido sobre otro y garantiza que todos los sitios web tienen los mismos derechos y merecen acceder al mismo ancho de banda por parte de los ISP.

Este tema es crítico porque conlleva el debate sobre el "control del tráfico de información en Internet" que se ha consolidado como el vehículo de comunicación por excelencia.

Y como todos sabemos, en la actualidad, la información almacenada en un servidor local o vía cloud computing (concepto que merece especial atención también) es un bien preciado como el mismísimo oro.

Nada de lo que era será igual y el fenómeno social avanza como un correcaminos ante un derecho que nunca lo alcanza.

Nuestra legislación deberá adecuarse con paso sensato, serio y técnico porque están en juego bienes jurídicos de neto corte social como la salud e integridad de niños y adolescentes e intereses de una industria que, en sus distintas variantes, impacta con decisión en la vida de los ciudadanos y consumidores en particular.

Esperemos que estos temas integren la abultada agenda legislativa para un 2012 que promete muchas sorpresas en el maravilloso mundo de la sociedad de la información.

Fuente: La Nación