Organismos como la Anses y la AFIP la emplean, lo mismo que bancos y la provincia de San Luis.
La ley 25506 permite equiparar la firma hológrafa (manuscrita) con la
firma digital. Esto quiere decir que un documento electrónico (en
formatos como XML , PDF , Word , Excel
) firmado digitalmente tiene la misma validez que si estuviera firmado a
mano. Para que esta igualdad exista, el certificado digital con que se
firma el documento electrónico debe ser emitido bajo las políticas de
una entidad certificante licenciada por la Oficina Nacional de
Tecnologías de la Información (ONTI), que hasta hoy son únicamente la
Anses y la AFIP. "Sin embargo hay otros organismos y algunas provincias
queriendo certificar sus procesos para poder emitir sus propios
certificados digitales", dice a LA NACION Alfredo Rodríguez, gerente de
Canales LATAM de MacroSeguridad Latino América, empresa que provee
soluciones de seguridad.
Impronta binaria
La legislación vigente posibilita dos tipos de firmas no hológrafas: la
electrónica y la digital. Ambas pueden ser utilizadas, salvo
excepciones, con los mismos alcances de una firma manuscrita.
"Técnicamente no hay diferencia alguna, la distinción la causa la ley
argentina, determinando que es firma digital siempre y cuando
la organización que emite los certificados esté licenciada por el
gobierno nacional. En cambio si la organización emisora no está
licenciada, los certificados que se emiten son bajo el concepto de
firma electrónica ", explica Norberto Mazas, gerente de Ventas de
CertiSur.
Beneficios y obstáculos
Las ventajas que representa la utilización de la firma digital son
muchas, entre ellas se destacan la despapelización , la
posibilidad que ofrece de la implementación de procesos y circuitos más
ágiles, más seguros y confiables. Además reducen sensiblemente los
costos de operar en el mundo físico. "Permite probar inequívocamente que
una persona firmó un documento digital, en el carácter de qué y que
dicho documento no fue alterado", agrega Alicia Bañuelos, rectora de la
Universidad de La Punta (ULP), de la provincia de San Luis.
Además, Aníbal Carmona, presidente y CEO de Unitech -empresa que se
dedica al desarrollo de sistemas, integración de soluciones y servicios
tecnológicos-, destaca: "Puede ser utilizada sin la necesidad de
presencia física, permitiendo la ubicuidad de su uso y también
autocontiene, en su certificado, la certificación de identidad y cargo
que se expresa en el acto que se está firmando, es decir no requiere de
escribanía pública".
Sin duda, uno de los principales obstáculos por sortear para lograr su
masificación es el cambio cultural, para aceptar que esta firma es tan
válida como la manuscrita. Otro punto que añade el ejecutivo de
MacroSeguridad es el almacenamiento: "Es necesario garantizar el
almacenamiento seguro del certificado digital del usuario".
Mientras que Ana María Boiero, secretaria de Informática del Superior
Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis, aclara: "Mientras no
haya una política de inversión sostenida en tecnología, muchos de los
actores del sistema van a seguir quedando afuera".
Experiencias
Cada vez más empresas y organismos pertenecientes tanto al gobierno
nacional como a los gobiernos provinciales comenzaron a utilizar la
firma digital o electrónica para sus labores diarias.
En el nivel nacional la AFIP tiene profundamente implementado el sistema
a través de la clave fiscal (dígitos) y ha comenzado con la
implementación de la firma digital para todos los actos de los
contribuyentes. También la Anses ha comenzado su implementación.
Dentro de las provincias, San Luis es una de las que toma la delantera
en el tema. Cuenta con la ley V-0591-2007 de adhesión a la ley nacional y
el decreto reglamentario 428-2008, que organiza la infraestructura
provincial que la sustenta: el ente licenciante (Universidad de La
Punta), la autoridad certificante licenciada (Instituto de Firma Digital
de la provincia) y las autoridades de registro.
En esta provincia, el Superior Tribunal de Justicia posee un sistema de
gestión informática que aplica tecnología de firma digital a todos los
movimientos de los expedientes en trámite.
"Lo más difícil es imponer la cultura en el usuario final, especialmente
si se trata de un recurso humano tan formal y conservador como el que
conforma estas estructuras, pero cuando lo incorporan ya no pueden
prescindir de él", revela Boiero.
Además, el gobierno de San Luis está implementando la cédula de
identidad provincial electrónica (CIPE) que contendrá un dispositivo
criptográfico con la firma certificada por el Instituto de Firma Digital
de San Luis para los ciudadanos de la provincia. "Esto permitirá que
todos los habitantes puedan realizar, entre otras cosas, trámites a
distancia, con la misma eficacia y validez legal que tendría presentarlo
firmado en un papel", explica Bañuelos.
Dentro del sector privado se destaca la implementación realizada por el
Banco Santander Río. En esta entidad, todos los clientes de Banca
Institucional, Pyme y Corporativa deben necesariamente utilizar el
servicio de certificados digitales provisto por CertiSur -representante
de Verisign- para concretar las operaciones bancarias (transferencias,
pagos, pedido de chequeras) que cursan por medio de Internet. "Además
hace dos años que se comenzaron a utilizar los certificados digitales
para la autenticación y la firma de operaciones en la plataforma Mobile
Banking para BlackBerry para empresas", añade Juan Pablo Gutiérrez
Broussaingaray, responsable de Productos de Banca Mayorista del Banco
Santander Río.
Antes de concluir y para brindar un panorama del camino que promete
encauzar la firma digital basta con observar los números que arroja la
encuesta sobre seguridad en Internet que anualmente realiza CertiSur.
Allí se observa que más del 50% de los internautas afirman que
realizarían transacciones en la Red si se les brindara mayor seguridad.
"No hay duda de que la firma electrónica constituye un factor decisivo
para brindar esa mayor seguridad que los usuarios están reclamando",
destaca Mazas.
Autor: Cintia Perazo
Fuente: La Nacion.com
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