¿El final de Sarbanes-Oxley?
Hace un par de días me pasó Quentyn un enlace que tiene que ver con el cumplimiento regulatorio, y más concretamente, con Sarbanes-Oxley (SOX). El artículo en cuestión se llama An End to Sarbanes-Oxley, y aunque sea un poco exagerado en su título (como lo es igualmente el título de este artículo) contiene información relevante para todos aquellos que de un modo u otro están involucrados en el mundo SOX.
El origen de la disputa está en la propia puesta en marcha de la regulación en 2002, mediante la creación de la Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) como órgano de supervisión, entre otras cosas, de las medidas propuestas para la gestión contable y la auditoría financiera en evitación de adulteración de los estados financieros. Antes de los escándalos de ENRON y similares, que motivaron la (en mi juicio) sobrerreacción regulatoria materializada con SOX, la industria estaba autoregulada, experimento que como resulta obvio comprobar, fracasó estrepitosamente. SOX se creó con la intención de ponerle collar a un perro que había estado años campando a sus anchas.
Este próximo lunes 7 de diciembre, nueve jueces de la corte suprema de los Estados Unidos escucharán las argumentaciones de la The Free Enterprise Fund y la firma de contabilidad Beckstead and Watts que sostienen que los miembros de la PCAOB son elegidos por la SEC (U.S. Securities and Exchange Commission), que es independiente de la Casa Blanca. Los peticionarios sostienen que la SEC no puede eliminar miembros del PCAOB salvo causas muy delimitadas, lo que prácticamente los aisla de la influencia de la SEC y por extensión, del gobierno de la Casa Blanca. Los peticionarios sostienen que los garantes constitucionales norteamericanos se ven claramente afectados en materia de separación de poderes, ya que el Congreso tiene tanto control sobre la PCAOB, si no más, que la propia Casa Blanca, ya que en Estados Unidos tanto la SEC como la PCAOB están ambas sujetas a la supervisión del Congreso.
Contenido completo en Sergio Hernando
El origen de la disputa está en la propia puesta en marcha de la regulación en 2002, mediante la creación de la Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) como órgano de supervisión, entre otras cosas, de las medidas propuestas para la gestión contable y la auditoría financiera en evitación de adulteración de los estados financieros. Antes de los escándalos de ENRON y similares, que motivaron la (en mi juicio) sobrerreacción regulatoria materializada con SOX, la industria estaba autoregulada, experimento que como resulta obvio comprobar, fracasó estrepitosamente. SOX se creó con la intención de ponerle collar a un perro que había estado años campando a sus anchas.
Este próximo lunes 7 de diciembre, nueve jueces de la corte suprema de los Estados Unidos escucharán las argumentaciones de la The Free Enterprise Fund y la firma de contabilidad Beckstead and Watts que sostienen que los miembros de la PCAOB son elegidos por la SEC (U.S. Securities and Exchange Commission), que es independiente de la Casa Blanca. Los peticionarios sostienen que la SEC no puede eliminar miembros del PCAOB salvo causas muy delimitadas, lo que prácticamente los aisla de la influencia de la SEC y por extensión, del gobierno de la Casa Blanca. Los peticionarios sostienen que los garantes constitucionales norteamericanos se ven claramente afectados en materia de separación de poderes, ya que el Congreso tiene tanto control sobre la PCAOB, si no más, que la propia Casa Blanca, ya que en Estados Unidos tanto la SEC como la PCAOB están ambas sujetas a la supervisión del Congreso.
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