Una maraña de criterios rodea la obtención de pruebas electrónicas
Ciberpolicías, fiscales y jueces sostienen opiniones diferentes sobre cómo deben manipularse las evidencias electrónicas para mejorar la eficacia policial y garantizar los derechos del ciudadano.
Un policía puede pedir a la recepción de un hotel que identifique al huésped de la habitación 115. Obviamente, si quiere entrar en la habitación, deberá pedir un mandamiento judicial. Pero ya es más discutible que pueda pedir, sin permiso judicial, a una operadora que identifique quién, en un momento determinado, está detrás de una dirección en Internet (IP). La Agencia de Protección de Datos considera claramente que se trata de un dato personal que debe protegerse con garantías.
Para la clonación de un ordenador sospechoso, con la intención de obtener una copia de su contenido para investigarlo sin alterar la prueba, hay magistrados que exigen que se haga en presencia del acusado y en el juzgado. Otros, únicamente reclaman la presencia de un secretario judicial. Unos aceptan que se haga en los laboratorios policiales preparados para ello y otros exigen que las maniobras de clonación se hagan en las dependencias del juzgado.
Ha habido una sentencia que ha considerado que la navegación policial por una web en Internet, como pueda hacerla cualquier ciudadano, ha de hacerse con permiso judicial. El Supremo la revocó.
Estas opiniones discrepantes demuestran que hay severas lagunas interpretativas sobre las leyes que rigen la investigación de delitos cuando el sospechoso emplea herramientas informáticas. Y eso llevan tiempo discutiéndolo ciberpolicías, fiscales y jueces. Eficacia policial y garantías democráticas son los puntos de partida del debate. El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo José Manuel Maza cree que se están sacando las cosas de quicio a la hora de regular cómo deben manejarse las pruebas electrónicas para preservar los derechos ciudadanos.
Maza cuenta que un juzgado de Madrid ya hace años que invalidó como prueba el vídeo que una aseguradora presentó para demostrar que un asegurado no estaba enfermo y circulaba tranquilamente por un lugar público. "Este mismo juzgado no habría cuestionado como prueba el testimonio de un portero de una finca vecina que hubiera declarado que lo había visto pasear". Maza es partidario, en la mayoría de los casos, de una traducción de los criterios jurídicos que se aplican en el planeta analógico a los delitos en los que se emplean medios informáticos. "En general no estamos ante nuevos supuestos, aunque las herramientas sean digitales". Este magistrado, por ejemplo, en una sentencia defendió que la policía no precisa permiso judicial para establecer el IMSI (identificador único que se guarda en la tarjeta SIM del móvil) del teléfono de un sospechoso bajo investigación. Y el mismo criterio mantiene cuando los agentes quieren conocer la identidad de una dirección IP, aunque, admite, este criterio es minoritario en la judicatura y por ello no es extraño que el servidor exija la autorización judicial para facilitar el dato. Precisamente, la citada sala del Supremo ha convocado una reunión con técnicos para analizar qué criterio debe adoptarse para la identificación de una IMSI.Maza está particularmente preocupado por la ley de 2007 de conservación de datos de las comunicaciones. Ahí se consagra que la policía deberá pedir autorización judicial para solicitar la identidad de una IP y "lo más llamativo es que para navegar por una web, que es pública, deberá solicitar igualmente el permiso. ¿Cómo va a argumentar ante el juez el supuesto delito de una página web si formalmente no han podido verla? Es un contrasentido". Por el contrario, cree que no es discutible que se exija la presencia del secretario judicial cuando se proceda a la clonación de un ordenador y aconseja la presencia de la defensa para no crear problemas probatorios. Y de la misma manera que sostiene que no es preciso el citado permiso para rastrear una web pública, sí lo considera necesario para hacerlo en un foro cerrado porque, por ejemplo, la participación de un foro temático revela un interés por ciertos asuntos por parte de quienes lo hacen, que puede formar parte del contenido de su intimidad.
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Un policía puede pedir a la recepción de un hotel que identifique al huésped de la habitación 115. Obviamente, si quiere entrar en la habitación, deberá pedir un mandamiento judicial. Pero ya es más discutible que pueda pedir, sin permiso judicial, a una operadora que identifique quién, en un momento determinado, está detrás de una dirección en Internet (IP). La Agencia de Protección de Datos considera claramente que se trata de un dato personal que debe protegerse con garantías.
Para la clonación de un ordenador sospechoso, con la intención de obtener una copia de su contenido para investigarlo sin alterar la prueba, hay magistrados que exigen que se haga en presencia del acusado y en el juzgado. Otros, únicamente reclaman la presencia de un secretario judicial. Unos aceptan que se haga en los laboratorios policiales preparados para ello y otros exigen que las maniobras de clonación se hagan en las dependencias del juzgado.
Ha habido una sentencia que ha considerado que la navegación policial por una web en Internet, como pueda hacerla cualquier ciudadano, ha de hacerse con permiso judicial. El Supremo la revocó.
Estas opiniones discrepantes demuestran que hay severas lagunas interpretativas sobre las leyes que rigen la investigación de delitos cuando el sospechoso emplea herramientas informáticas. Y eso llevan tiempo discutiéndolo ciberpolicías, fiscales y jueces. Eficacia policial y garantías democráticas son los puntos de partida del debate. El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo José Manuel Maza cree que se están sacando las cosas de quicio a la hora de regular cómo deben manejarse las pruebas electrónicas para preservar los derechos ciudadanos.
Maza cuenta que un juzgado de Madrid ya hace años que invalidó como prueba el vídeo que una aseguradora presentó para demostrar que un asegurado no estaba enfermo y circulaba tranquilamente por un lugar público. "Este mismo juzgado no habría cuestionado como prueba el testimonio de un portero de una finca vecina que hubiera declarado que lo había visto pasear". Maza es partidario, en la mayoría de los casos, de una traducción de los criterios jurídicos que se aplican en el planeta analógico a los delitos en los que se emplean medios informáticos. "En general no estamos ante nuevos supuestos, aunque las herramientas sean digitales". Este magistrado, por ejemplo, en una sentencia defendió que la policía no precisa permiso judicial para establecer el IMSI (identificador único que se guarda en la tarjeta SIM del móvil) del teléfono de un sospechoso bajo investigación. Y el mismo criterio mantiene cuando los agentes quieren conocer la identidad de una dirección IP, aunque, admite, este criterio es minoritario en la judicatura y por ello no es extraño que el servidor exija la autorización judicial para facilitar el dato. Precisamente, la citada sala del Supremo ha convocado una reunión con técnicos para analizar qué criterio debe adoptarse para la identificación de una IMSI.Maza está particularmente preocupado por la ley de 2007 de conservación de datos de las comunicaciones. Ahí se consagra que la policía deberá pedir autorización judicial para solicitar la identidad de una IP y "lo más llamativo es que para navegar por una web, que es pública, deberá solicitar igualmente el permiso. ¿Cómo va a argumentar ante el juez el supuesto delito de una página web si formalmente no han podido verla? Es un contrasentido". Por el contrario, cree que no es discutible que se exija la presencia del secretario judicial cuando se proceda a la clonación de un ordenador y aconseja la presencia de la defensa para no crear problemas probatorios. Y de la misma manera que sostiene que no es preciso el citado permiso para rastrear una web pública, sí lo considera necesario para hacerlo en un foro cerrado porque, por ejemplo, la participación de un foro temático revela un interés por ciertos asuntos por parte de quienes lo hacen, que puede formar parte del contenido de su intimidad.
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