Gobierno chileno aplica normas anti SPAM
Por Guillermo Rojas
El Decreto Supremo N° 93 sobre regulación del SPAM, establece una serie de normas técnicas para minimizar la recepción de mensajes electrónicos masivos no deseados en las casillas electrónicas de los órganos de la Administración del Estado y de sus funcionarios.
Con esta regulación, el Gobierno estableció una decidida lucha contra el SPAM, cuyos efectos son conocidos: estos mensajes recargan innecesariamente los sistemas informáticos institucionales, pueden ser causa de virus, códigos malignos y, en general, de cualquier tipo de información que puede poner en peligro la integridad y de la documentación electrónica de Gobierno.
El Decreto define las condiciones mínimas que deben cumplir las instituciones para el procesamiento y manejo de los mensajes electrónicos. Entre otras disposiciones, indica que los organismos deberán contar con los sistemas informáticos adecuados para filtrar los mensajes electrónicos entrantes a sus servidores de correo y realizar revisiones y monitoreos periódicos de las redes de comunicación.
Junto con lo anterior, cada organismo deberá instruir a sus funcionarios respecto del correcto uso de la casilla de correo institucional que se les asigna, quedando expresamente prohibido utilizarla para fines personales o distintos de los relacionados con las competencias propias de la institución.
Para apoyar a las instituciones en la adopción y ejecución de esta normativa, el Ministerio del Interior prepara una "Guía Modelo de Protección de Casillas Electrónicas", que contendrá detalles técnicos y recomendaciones. El documento estará a disposición de los organismos en un plazo de 120 días a contar de la publicación del Decreto en el Diario Oficial.
El Decreto Supremo N° 93 se dictó en el marco de la política nacional de Gobierno Electrónico, para mejorar los servicios e información ofrecidos a los ciudadanos, aumentar la eficiencia y la eficacia de la gestión pública, e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos.
Fuente: http://www.evaluamos.com/internal.php?load=detail&id=5829
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El Decreto Supremo N° 93 sobre regulación del SPAM, establece una serie de normas técnicas para minimizar la recepción de mensajes electrónicos masivos no deseados en las casillas electrónicas de los órganos de la Administración del Estado y de sus funcionarios.
Con esta regulación, el Gobierno estableció una decidida lucha contra el SPAM, cuyos efectos son conocidos: estos mensajes recargan innecesariamente los sistemas informáticos institucionales, pueden ser causa de virus, códigos malignos y, en general, de cualquier tipo de información que puede poner en peligro la integridad y de la documentación electrónica de Gobierno.
El Decreto define las condiciones mínimas que deben cumplir las instituciones para el procesamiento y manejo de los mensajes electrónicos. Entre otras disposiciones, indica que los organismos deberán contar con los sistemas informáticos adecuados para filtrar los mensajes electrónicos entrantes a sus servidores de correo y realizar revisiones y monitoreos periódicos de las redes de comunicación.
Junto con lo anterior, cada organismo deberá instruir a sus funcionarios respecto del correcto uso de la casilla de correo institucional que se les asigna, quedando expresamente prohibido utilizarla para fines personales o distintos de los relacionados con las competencias propias de la institución.
Para apoyar a las instituciones en la adopción y ejecución de esta normativa, el Ministerio del Interior prepara una "Guía Modelo de Protección de Casillas Electrónicas", que contendrá detalles técnicos y recomendaciones. El documento estará a disposición de los organismos en un plazo de 120 días a contar de la publicación del Decreto en el Diario Oficial.
El Decreto Supremo N° 93 se dictó en el marco de la política nacional de Gobierno Electrónico, para mejorar los servicios e información ofrecidos a los ciudadanos, aumentar la eficiencia y la eficacia de la gestión pública, e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos.
Fuente: http://www.evaluamos.com/internal.php?load=detail&id=5829
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