Costa Rica: Agencia estatal vigilará manejo de datos personales privados
Una nueva entidad gubernamental regulará el trasiego, divulgación y comercialización de información personal privada que manejan empresas administradoras de bases de datos.
La “Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales”, aprobada en primer debate por los diputados este jueves, crea la Agencia para la Protección de Datos Personales (Prodat), adscrita al Ministerio de Justicia y Paz.
Este nuevo órgano se encargará de fiscalizar la información que ofrecen distintas empresas en el país como parte de un servicio comercial, que en su mayoría se utiliza para conocer el historial crediticio de los ciudadanos.
El texto aprobado establece una diferenciación entre datos de carácter público e información privada de las personas.
Según el texto de la ley, los datos sensibles son todos aquellos que revelen “origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida sexual y antecedentes delictivos, operaciones bancarias, registros tributarios, aduaneros o relativos a actividades económicas”.
Mayor control. El legislador socialcristiano Luis Fishman considera valiosa la nueva legislación, pues faculta a las personas para que soliciten a las empresas comercializadoras de bases de datos un informe acerca de la información que sobre ellas están trasegando.
En caso de que el individuo considere que dichos datos le ocasionan algún tipo de afectación, podría solicitar ante Prodat el retiro de la información sensible.
Carlos Góngora, diputado del Movimiento Libertario, sostiene que la divulgación de datos sensibles crea discriminación, ya que algunas empresas evitan contratar a personas con enfermedades.
En tanto, para el liberacionista Víctor Hugo Víquez, único diputado que votó en contra del proyecto, el manejo de bases de datos no debería tener restricciones.
La legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC) Carmen Muñoz reveló que se consideró la posibilidad de autorizar a las entidades financieras a compartir datos, pero la idea finalmente se descartó.
Tanto el gerente de Teletec, Minor Quesada, como el representante legal de Datum, Winston Jenkins, (firmas dedicadas a la comercialización de datos) coincidieron en que la instauración de dicha ley es beneficiosa para el país y para sus empresas.
Jenkins señaló que, en la actualidad, cuando una persona tiene un reclamo a raíz de la información contenida en las bases de datos, debe recurrir a la Sala Constitucional. Manifestó que la creación de Prodat facilitaría la resolución de esta clase de conflictos.
Para Quesada y Jenkins el texto de la ley deja muchos vacíos y algunos de los términos se prestan a la libre interpretación.
Según dijeron, ambas firmas esperarán la creación de un reglamento que confirme si deben eliminar algunas de las categorías que se muestran en sus sitios web al momento de hacer una consulta, como antecedentes penales, dirección exacta y números telefónicos privados.
Fuente: Nación
La “Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales”, aprobada en primer debate por los diputados este jueves, crea la Agencia para la Protección de Datos Personales (Prodat), adscrita al Ministerio de Justicia y Paz.
Este nuevo órgano se encargará de fiscalizar la información que ofrecen distintas empresas en el país como parte de un servicio comercial, que en su mayoría se utiliza para conocer el historial crediticio de los ciudadanos.
El texto aprobado establece una diferenciación entre datos de carácter público e información privada de las personas.
Según el texto de la ley, los datos sensibles son todos aquellos que revelen “origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida sexual y antecedentes delictivos, operaciones bancarias, registros tributarios, aduaneros o relativos a actividades económicas”.
Mayor control. El legislador socialcristiano Luis Fishman considera valiosa la nueva legislación, pues faculta a las personas para que soliciten a las empresas comercializadoras de bases de datos un informe acerca de la información que sobre ellas están trasegando.
En caso de que el individuo considere que dichos datos le ocasionan algún tipo de afectación, podría solicitar ante Prodat el retiro de la información sensible.
Carlos Góngora, diputado del Movimiento Libertario, sostiene que la divulgación de datos sensibles crea discriminación, ya que algunas empresas evitan contratar a personas con enfermedades.
En tanto, para el liberacionista Víctor Hugo Víquez, único diputado que votó en contra del proyecto, el manejo de bases de datos no debería tener restricciones.
La legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC) Carmen Muñoz reveló que se consideró la posibilidad de autorizar a las entidades financieras a compartir datos, pero la idea finalmente se descartó.
Tanto el gerente de Teletec, Minor Quesada, como el representante legal de Datum, Winston Jenkins, (firmas dedicadas a la comercialización de datos) coincidieron en que la instauración de dicha ley es beneficiosa para el país y para sus empresas.
Jenkins señaló que, en la actualidad, cuando una persona tiene un reclamo a raíz de la información contenida en las bases de datos, debe recurrir a la Sala Constitucional. Manifestó que la creación de Prodat facilitaría la resolución de esta clase de conflictos.
Para Quesada y Jenkins el texto de la ley deja muchos vacíos y algunos de los términos se prestan a la libre interpretación.
Según dijeron, ambas firmas esperarán la creación de un reglamento que confirme si deben eliminar algunas de las categorías que se muestran en sus sitios web al momento de hacer una consulta, como antecedentes penales, dirección exacta y números telefónicos privados.
Fuente: Nación
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